Quitar un privilegio para avalar otros. Según expertos en Derecho y defensores de la titularidad pública del patrimonio estatal, eso es lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy para evitar el debate surgido en torno a monumentos como la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, registrados por la jerarquía eclesiástica como propios a razón de unos 30 euros cada uno.
El principio del fin del obispo registrador
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